Dora Nevares-Muñiz

Estamos a punto de concluir un año que desalentó a muchos puertorriqueños. La violencia , los asesinatos y la pérdida de empleo de miles de familias, cofíamos queden atrás en el año venidero. Les deseo a todos mis lectores un Nuevo Año de mucha paz y un Puerto Rico seguro y habitable.

Por varios años como miembro de la Fundación Milton Eisenhower con sede en Washington, D.C., nos hemos dedicado a implantar y replicar programas que, según demuestran sus evaluaciones, funcionan en prevenir criminalidad y en hacer las ciudades lugares más seguros. En Puerto Rico hemos tenido  magníficos ejemplos de programas de prevención del crimen en los Centros Sister Isolina Ferré, el Koban de Caimito,  y en Jóvenes en Riesgo, inc.

En la tabla que sigue presento lo que podría ser la base de una estrategia a nivel nacional para prevenir el crimen y hacer de Puerto Rico un mejor lugar para vivir.  La misma es una invitación a las organizaciones de base comunitaria y al gobierno, para que uniendo esfuerzos atendamos lo que es uno de los problemas fundamentales de este páis.

Milton S. Eisenhower Foundation- Modelos Probados de Prevención del Crimen

El rostro más visible de la violencia son los asesinatos; pero la violencia tiene otros rostros. Uno de ellos es el ejercicio del poder de parte de las instituciones gubernamentales contra los ciudadanos cuando intentan ejercer sus derechos propios de un Estado constitucional y democrático.

Puerto Rico debe estar alerta.  Primero se aprueba una ley que le da carta blanca al gobierno para despedir empleados públicos, sin tomar en consideración el principio del mérito ni los convenios colectivos vigentes y como resultado se despiden 19,000 empleados públicos; luego se les llama “terroristas” a los que levantan su voz contra el gobierno por convocar a un paro nacional en protesta de los despidos; un ciudadano que se hace llamar “tipo común” lanza un huevo contra el Gobernador, con clara intención de no golpearlo sino de expresar su “frustración” ante los despidos y se le llama “terrorista”; la fuerza de choque irrumpe en una escuela en Canóvanas contra estudiantes que tiraron huevos porque les impidieron el acceso a una actividad del Gobernador; se cierra la Universidad durante una semana previo al paro nacional; luego se aprueba la derogación de la colegiación compulsoria de los abogados, mientras el Tribunal Supremo, en votación mayoritaria de los Jueces de ideología Novoprogresista le concede un derecho adquirido a los ex-gobernadores a tener escoltas, que le cuestan al pueblo 4 millones anuales, en una situación de precariedad fiscal para el país.

Todos estos y otros más son ejemplos del ejercicio del poder político y gubernamental para lograr sus objetivos. Con esos actos de violecia institucionalizada no se lograrán los objetivos legítimos de atender la situación fiscal precaria del país y lograr la estabilidad económica y social. El efecto será incentivar la violencia cotidiana que por décadas vivimos los puertorriquenos. Ya no sólo es la violencia asociada al narcotráfico, sino también la asociada a las instituciones de poder, que llevan al ciudadano contra la pared cuando se les limitan sus derechos civiles, su libertad de expresarse, su derecho a un empleo, su derecho a una salud adecuada, su derecho a protestar y a aspirar a un Puerto Rico respetuoso de la diversidad y la disidencia y calidad de vida para todos.

Por eso yo también iré al Paro Nacional mañana 15 de octubre al mediodia en Plaza las Américas.

La censura de textos literarios de parte del Departamento de Educación es inconstitucional y viola derechos de los estudiantes. La sec. 5 de la Carta de Derechos de nuestra Constitución dispone: que [t]oda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. La Constitución también prohíbe la educación sectaria por parte del Estado.

El texto de la orden emitida por el Departamento de Educación lee parcialmente: “Efectivo de inmediato, queda terminantemente prohibido el uso de los siguientes textos: Antología personal de José Luis González, El entierro de Cortijo de Edgardo Rodríguez Juliá, Mejor te lo cuento: Antología personal de Juan Antonio Ramos, Reunión de espejos de José Luis Vega, Aura de Carlos Fuentes,”

La censura, aparte de coartar el libre flujo de las ideas y la libertad de expresión atesorada en nuestra Constitución, constituye un acto de violencia de parte del Ejecutivo hacia unos estudiantes que tienen el derecho a recibir una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales. El acto de censurar es de por sí un atentado a la libertad de pensamiento y expresión, típico de sociedades intolerantes y totalitarias.

La censura no debe tener espacio en el sistema educativo. Una de las metas del sistema escolar debe ser que el estudiante internalice actitudes de tolerancia y respeto ante la diversidad y las personas que tienen ideas discrepantes. Este es uno de los primeros pasos para prevenir la violencia.

Los libros censurados se leían en grado undécimo. Se trata de obras reconocidas en Puerto Rico y en el extranjero por su calidad literaria. Un estudiante de Escuela Superior debe tener desarrolladas las destrezas de pensamiento crítico y análisis lógico necesarias para analizar esos libros.

El mandato de filosofía educativa—educación que propenda al pleno desarrollo de us personalidad y al fortalecimiento de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales– incluido en nuestra Carta de Derechos, hace necesario desarrollar en el joven el hábito de evaluar críticamente lo que lee, analizar el contexto socio-político y económico del país, aprender de la historia, conocer su cultura, y tener una conciencia ética que le facilite comprometerse personal y activamente con la sociedad. En esa medida su personalidad se fortalecerá y “reconocerá los derechos humanos y libertades fundamentales”en su diario vivir.

El Gobernador en su mensaje a la Asamblea Legislativa indicó que, “cuando se enmendó el Código Penal en el 2004 “fue darles una bochornosa carta blanca a los criminales que están matando a nuestros hijos y luego se burlan de la ley y el orden”. Lamentablemente el Gobernador no recuerda que el Código Penal de 2004 terminó con lo que se llamó “la burla de la política pública de la mano dura,” en que por razón de bonificaciones y desvíos que otorgaba la Administración de Corrección amparado en la ley, la persona convicta sólo cumplía alrededor de a una tercera parte de la sentencia impuesta. La reforma del Código Penal de 2004, terminó con esta práctica.

El Código de 2004 adoptó el “thruth in sentencing”; esto significa que se cumplirá la pena que el juez imponga. Además, La Ley 315 de 23 de septiembre de 2004 enmendó la Ley Orgánica de la Administración de Corrección para prohibir las bonificaciones automáticas y los desvíos a que estaban sujetas las sentencias por delitos en el Código derogado y en todas las leyes penales especiales antes de entrar en vigor el nuevo Código

Un estudio llevado a cabo por la Oficina de Servicios Legislativos evidenció lo que se llamó “la burla de la mano dura”.  La pena promedio impuesta para una persona convicta de asesinato en segundo grado bajo el Código de 1974 derogado fue de 21 años, pero terminó de cumplirla en 8 años, 5 meses y 12 días. Es decir, su sentencia tuvo una reducción de 12 años, 6 meses debido a bonificaciones, en su mayoría automáticas.[1] En cambio, entre las personas convictas de asesinato en segundo grado que se acogieron a un programa de desvío o liberación temprana, el promedio de su sentencia fue de 28 años (esto correspondía a un asesinato en segundo grado con agravantes) pero ya a los 5.9 años estaba en la comunidad.[2] El Código de 2004 terminó con esta rebaja desproporcionada, ya que la sentencia impuesta será la que se cumplirá y las bonificaciones por trabajo, educación y servicios meritorios se limitan a 1 día por mes y no son automáticas. A cinco años de la vigencia del Código de 2004 las personas convictas de delitos graves están cumpliendo penas más altas que antes de la reforma y este dato se puede verificar empíricamente. En cuanto al asesinato en primer grado, la pena siempre ha sido prisión perpetua.

La criminalidad es un asunto complejo que en gran medida es un síntoma o reflejo de la sociedad, de sus valores, identidad y objetivos colectivos. Con restringir o eliminar el derecho de todo ciudadano a permanenecer bajo fianza en espera de que se demuestre su culpabibildad en un juicio, no vamos a resolver el problema de la criminalidad cotidiana, ni siquiera reducirlo. Tampoco lo vamos a resolver legislando sin una base empírica que demuestre que efectivamente hay un número significativo de personas cometiendo delitos mientras están bajo fianza por otro delito en espera de juicio. Legislar sin saber si efectivamente eliminar la fianza reducirá los asesinatos es continuar dando “palos a ciegas”.

Estudios hechos en el pasado (1974-1987) demostraron que el número de personas que cometían un nuevo delito mientras gozaban de libertad bajo fianza era mínimo y dentro del margen de tolerancia del sistema de justicia criminal.  Antes de legislar es necesario actualizar esos estudios para determinar si hoy hay base empírica que justifique limitar la fianza. Hace unos años no se justificaba empíricamente limitarla, porque no tendría impacto en reducir la criminalidad. Tampoco se avaló por el pueblo en 1994 una propuesta de enmienda a la Constitución para restringir el derecho a fianza.

Estamos ante una sociedad profundamente dividida y confundida en sus objetivos. Toleramos una tasa de desempleo alta y compensamos el ocio en ocasiones mejor que el trabajo. Estamos ante una sociedad atacada por el germen de la politización, donde la clase media y el pobre reciben la peor parte, mientras semanalmente el gobierno despide cientos de empleados públicos. Nuestros vecindarios y comunidades están ocupadas por el crimen organizado, los asesinatos no se detienen y la corrupción nos envuelve. Es en este ambiente en que estamos criando y educando a nuestros niños y jóvenes. Atender la criminalidad que sacude nuestra convivencia social es un asunto complejo que requiere de una agenda ciudadana, social, y política a largo plazo. No hacerlo es continuar propiciando que el crimen se convierta en un riesgo fundamental del Puerto Rico de hoy, al que todos estamos expuestos sin buscarlo ni esperarlo. Pensar en que el problema del crimen le corresponde resolverlo a la policía, legislar penas más altas y elimnar derechos civiles es continuar dando “palos a ciegas”.

El 8 de noviembre de 2009 inicié este blog con unas expresiones tituladas Agenda para un Puerto Rico Seguro. En ella indiqué varias recomendaciones para una agenda de política pública para atender la criminalidad en Puerto Rico. Hoy comienzo una serie de escritos en esta página con recomendaciones concretas de cómo implantar en Puerto Rico programas que se ha probado mediante evaluaciones científicas que funcionan en prevenir la criminalidad. El costo económico es mínimo si se compara con el ahorro en criminalidad y problemas sociales que resuelve.  El programa que hoy describo atiende dos de las recomendaciones de acción política y ciudadana que incluí en la Agenda para un Puerto Rico Seguro:

• Propiciar la seguridad de nuestros niños y jóvenes mientras crecen y se equipan de las destrezas y cualidades para ejercer una adultez responsable.
• Crear espacios de oportunidades o lugares seguros donde los niños y jóvenes acudan al salir de la escuela.

En las ultimas semanas éste es el segundo caso de un bebé recien nacido abandonado. Los hechos que rodean el caso son trágicos tanto para la criatura muerta como para la madre adolescente con intentos suicidas. El ambiente familiar presenta, además, un cuadro de grandes limitaciones económicas y culturales.

El asesinato de este bebé hubiera podido haberse evitado si la madre adolescente hubiera sabido que la ley le permite entregarlo en una institución pública o privada para el cuidado de menores. No sólo podía entregarlo, si es que no podía o deseaba criarlo, sino que los funcionarios de la institución estaban impedidos de requerir información sobre los progenitores, a menos que el menor demostrara físicamente signos de maltrato. Véase, Art. 133 (exclusión al delito de abandono de un menor) del Código Penal. En ese caso, la ley dispone que la patria potestad del bebé le corresponde al Estado y la custodia a la institución que le dio acogida, hasta que el Departamento de la Familia disponga otra cosa. Ese bebé estaría disponible para ser adoptado por una personas que puedan darle todo el amor y la atención que requiere un/una hijo/a.

Exhorto al Departamento de la Familia, a las instituciones de acogida de menores y a las organizaciones comunitarias que atienden jóvenes, que informen al público sobre las opciones de entrega de un menor que no se desea, para que pueda ser adoptado por una familia. Extiendo la exhortación a los periódicos, escuelas y organizaciones de base de fe para que eduquen sobre las opciones disponibles en ley cuando no se desea un hijo/a; de manera que, no se le prive de su vida.

Las lágrimas que está virtiendo la adolescente, ante un acto de desespero, ignorancia e incapacidad ante lo que ha sido el asesinato de su bebé, pudieron haberse convertido en uno de los actos de mayor amor, entregar a su criatura a otras personas que deseen y puedan asumir la responsabilidad de criarlacon amor. Eduquemos y apoyemos a quienes entregan a los hijo/as no queridos a aquellos que están decididos a amarlos hasta la eternidad.

El jueves 23 de abril de 2009 la portada del períodico Primera Hora estremeció nuestra conciencia como pueblo. “Una foto para recordar,” como nos indica Nilsa Pietri en su blog en Primera Hora, nos acompañará por mucho tiempo.  La desnudez física e íntima de la tragedia que captó la foto sacó a la violencia doméstica de la intimidad de la pareja y la trajo a nuestro espacio público. Es un llamado a confrontarnos como puertorriqueños con una de las caras más crueles de la violencia: la violencia doméstica. La semi desnudez de Élida, completamente vulnerable e impotente, pretendiendo encontrar protección de su compañero arrodillada entre un poste y un generador de electricidad, es un llamado a confrontarnos con nuestra conciencia como ciudadanos.

Como si fuera un rompecabezas que poco a poco vamos asimilando, la cara detrás de la foto se va develando. “Habla la fotoperiodista: Ante mis ojos no es un número más”. Nos explica que Elida tenía su misma edad, treinta años, y que su rostro “de agonía y desesperación…es todo lo que ha podido pensar en las últimas 24 horas”. Estoy segura que a muchos de nosotros nos estremeció la foto y también ha ocupado nuestra conciencia, a pesar de que no vimos ese rostro. La hermana de Elida, trató de evitarlo, pero llegó tarde.  En “Fue una muerte que se pudo haber evitado”, relata que había salido a encontrarse con ella pues por teléfono le dijo que había tenido una discusión con su compañero. El que Élida haya salido descalza y semi vestida a la calle, huyendo de su agresor, nos da una idea de la magnitud de la violencia.

La presencia de los policías en la foto es otra manera de ilustrarnos que el asunto de la violencia no lo van a resolver los policías. Es un asunto que nos compete a todos. Todos somos en parte responsables de la muerte de Elida, quien además, pudo ser cualquiera de nosotros o de nuestros seres amados, quizás no como víctima de violencia doméstica, pero sí víctima de cada otra de las máscaras de la violencia: el maltrato de menores, el maltrato a los viejos, los asesinatos relacionados con el narcotráfico, la violencia cotidiana y los suicidios. Como ciudadanos tenemos que propiciar resolver nuestros conflictos sin violencia, comenzando con nuestros hijos, en nuestra familia y en nuestras comunidades.

En mi calidad de estudiosa del fenómeno de la criminalidad en Puerto Rico felicito a Primera Hora, a la fotoperiodista Teresa Canino y a los directores que tomaron la decisión de publicar la foto y de posteriormente ir develando el rostro de la violencia que cegó prematuramente la vida de Élida.  Confío que esa foto pueda concienciar a todos en nuestro pais sobre la violencia que nos rodea y evitar muchas otras muertes.  La muerte de Élida, no puede ser un número más, sino que es un llamado a que este pueblo despierte y detengamos los muchos rostros de la violencia.

“Ciega y sorda la justicia: Devuelven a la calle a un deambulante que pidió ayuda para dejar la droga”, es el título de una noticia reseñada por José Sánchez Fournier, hoy en EL Nuevo Día,pág. 12,  que requiere que reflexionemos sobre nuestra solidaridad ciudadana. Víctor Morales Lasalle, un ciudadano quien lleva cinco años deambulando por las calles y adicto a heroína y cocaína, recurre a unos policías para que lo arresten con el propósito poder recibir tratamiento para su adicción. “Ya estoy cansaó de esto, estaba buscando alternativas para quitarme,” les dice Víctor.

Los policías dan un magnífico ejemplo de responsabilidad ciudadana en su trato con el deambulante. Le indican que no pueden arrestarlo porque no ha cometido delito. Acto seguido, el ciudadano saca de su bolsillo dos bolsas de cocaína y tres de crack. Ahora los policías tienen motivos fundados en ley para arrestarlos. En términos legales, se trata de un arresto válido y la ocupación de la droga fue legal, pues la persona le entregó la droga ilegal a los policías , mediando un consentimiento válido. La actuación dentro del marco de legalidad, cortés y solidaria de los policías buscando alternativas para que refirieran a la persona a un programa de desvío donde recibiera atención médica, enaltece la labor de la Policía de Puerto Rico. Estos policías merecen nuestras felicitaciones por una labor bien hecha.

En cambio, lo que sucedió en la vista de causa probable, nos sorprende. A todas luces, tomando como base los datos reseñados en la noticia, había causa probable para iniciar una acción penal contra el ciudadano, pues él consintió a entregar una evidencia delictiva, que poseía y transportaba en violación a la Ley de Sustancias Controladas. El ciudadano hubiera querido hablar, ponerle cara a su angustia cotidiana; pero entendió que la juez le dijo que no hablara. Claro está, el ciudadano hubiera podido renunciar a su derecho a no autoincriminación, como lo hizo cuando fue arrestado por los policías. Su derecho a renunciar a permanecer callado también se le debió explicar, de manera que lo entendiera, y pudiera exponer ante la Juez su deseo que el Sistema de Justicia lo ayudara. De haberse determinado causa probable para su arresto, el Estado habría asumido jurisdicción sobre Víctor, de manera que esa noche durmiera bajo un techo y comiera caliente, aunque fuera en la cárcel y tuviera ante sí un proceso judicial pendiente. Pero esa decisión cerró la puerta a que Víctor recibiera ayuda ante su decisión de reconocer que necesita ayuda para terminar con su drogadicción.  Esa decisión también afectó la percepción que se tiene la judicatura, como institución para impartir justicia.

Hoy Víctor está deambulando por nuestras calles, sin dinero, y posiblemente robando para satisfacer su adicción. Tuvimos como sociedad la oportunidad de extenderle nuestra mano solidaria, como lo hicieron los policías y la fiscal, pero nuestro sistema judicial, quizás por tecnicismo, no aprovechó el pedido de ayuda de Víctor. “!Qué nos pasa Puerto Rico!” es más que la línea de una campaña publicitaria; es un llamado a la solidaridad ciudadana y comunitaria, tanto de los ciudadanos como de las instituciones gubernamentales y sociales.

EPILOGO: “Otro Chance para Víctor”, al otro dia, los policías, con la ayuda de su supervisor,  localizaron a Víctor. Le dieron desayuno en le cuartel y lo llevaron a un centro de rehabilitación en Corozal. Encomiamos la labor de estos policías y su sentido de solidaridad ciudadano.

Así mismo, el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, convocó a  a varios jefes de agencias de la Rama Ejecutiva, a representantes de organizaciones sociales que trabajan con el problema de los deambulantes  y a miembros de la academia con el fin de evaluar la situación de los casos de personas sin hogar que se presentan ante los Tribunales y desarrollar mecanismos de trabajo conjunto. Enhorabuena al Juez Presidente por esta iniciativa.!

El 11 de marzo de 2009, el períodico EL Nuevo Día, pág.8, presenta una tabla donde llama la atención a las discrepancias entre los datos oficiales sobre muertes an accidentes automovilísticos y muertes por sobredosis de drogas, suicidios y asesinatos, que proveen la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses. Las discrepancias son significativas. La tabla a continuación es evidente. Urge que ambas agencias aclaren la forma de clasificar el dato de manera que el público y los investigadores tengan datos confiables sobre muertes violentas.

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