Hace unos años, al teminar el período eleccionario Puerto RIco le dio al Gobernador Fortuño y a su partido un mandato claro de que era necesario usar todos los recursos del Estado de una forma transparente y eficiente para el beneficio del País y de todos los ciudadanos.  Así lo esperaba el país que estaba cansado de oir que el gobierno y los problemas económicos eran el resultado de “un gobierno dividido” entre los dos partidos políticos de mayor número de votantes. Nada más lejos de la realidad.

Los años que han seguido han visto un marcado incremento en la violencia cotidiana–asesinatos y maltrato a menores; así como de corrupción gubernamental. El foco de la corrupción en el presente parece ser los sobornos de parte de legisladores.  Decisiones claramente inconstitucionales de parte de los poderes gubernamentales como el cierre del Hemiciclo del Senado a la prensa, o de apariencia de conflicto de intereses, como el “party bus” contratado por el Presidente del Senado para asistir al Tribunal Federal en solidaridad con un senador acusado por actos de corrupción, son ejemplos de mala governanza que erosionan la Democracia que estimamos tanto los puertorriqueños.

La violencia que se generó ayer en el Capitolio, fue la culminación del ejercicio arbitrario de los poderes gubernamentales, carentes del diálogo y de la participación. Primero el Presidente del Senado arbitrariamente  abre y cierra las puertas del hemiciclo a la prensa y al público. Luego, se impide la entrada de personas debidamente identificadas al Capitolio,  y presenciamos un motín. Los videos que han circulando en los medios lo que muestran es a la policía y su fuerza de choque, que estaba desde temprano acuartelada dentro del Capitolio, agrediendo indiscriminadamente a las personas.   Decenas de personas resultaron afectadas por golpes dados por la policía o por gases. Los medios lo ilustran claramente. Véase http://www.elnuevodia.com/fotogaleria-motinenelcapitolio-733333.html; y http://www.primerahora.com/videosdelmotinenelcapitolio-397282.html

La democracia y el gobierno constitucional que tiene Puerto Rico precisa de parte de los poderes gubernamentales de buena gobernanza. Por gobernanza nos referimos al uso de los poderes gubernamentales de forma transparente y responsable para el beneficio de la sociedad como un todo. Elementos de una buena governanza son el uso de los poderes gubernamentales de forma no arbitraria, gobernar conforme la ley, responsabilidad, transparencia, y participación a todos los sectores.

Lamentablemente, esto no es lo que estamos viviendo. Por el contrario tenemos un gobierno que pretende legislar a puerta cerrada, gobernar “a la trágala”, mientras cierra los canales de diálogo y responde con violencia. Déjele la violencia al que está al margen de la ley que ya asumirá las consecuencias, pero no pretenda el gobierno convertirse en el más violento de todos.

En ocasión de esta semana santa, es momento oportuno pensar sobre nuestra participación ciudadana en prevención del crimen y en cómo podemos contribuir a hacer de nuestra sociedad una donde prevalezca una cultura de convivencia en paz.

La iglesia y la comunidad de fe tienen una importante función en la creación de una cultura de paz.  Se ha demostrado que las comunidades con firmes creencias, religiosas o cristianas, tienen un efecto mayor de inhibición al crimen que las comunidades seculares. La tasas de criminalidad por lo general son más bajas en las comunidades donde la ecología religiosa es densa. De ahí que la Iglesia tiene una función primaria en la prevención del crimen y en la revitalización de las comunidades.

Al estudiar los perfiles que provee la Administración de Corrección de personas cumpliendo sentencias, jóvenes y adultos, surgen dos conclusiones importantes. Primero, en diez años, la variable religión ha desaparecido (o nunca estuvo presente) de la vida de los jóvenes confinados cuya edad es de 16 a 21 años (50% en 1994; 97% 2004) . Segundo, entre los adultos, la variable “práctica de alguna religión” se ha mantenido constante (27%).

El mensaje cristiano resulta en el medio más dramático de cambio social si alcanzara a la sociedad. La función regeneradora de la vida que ofrece el cristianismo cambiaría de forma efectiva la inclinación hacia la conducta delictiva. La aportación de la Iglesia a los diferentes estratos sociales en peligro de delinquir sería altamente valiosa. Para ello, la Iglesia tiene que tener vida que ofrecer, ejemplo intachable, y amor cuya efectividad pueda impactar a esos grupos necesitados. Si las iglesias diluyen su mensaje y relegan su amor compasivo no serán más que un club de miembros que buscan su propio beneficio.  Las creencias no sólo deben confesarse verbalmente sino vivirse en la acción diaria de la conducta. El impacto positivo de la Iglesia depende de esa unión entre lo que se profesa y lo que se hace.

La Iglesia debe cuidarse de convertirse en un grupo de presión política desatendiendo su función de restauración espiritual. En la historia de las prácticas penales la religión ha sido una fuerza principal en moldear la forma en que se trata a los ofensores. Investigaciones en los Estados Unidos establecen una relación entre varios indicadores de una experiencia religiosa fundamentalista y respaldo a las penas retributivas y política de “mano dura” hacia los delincuentes.  Esto es contradictorio al mensaje de amor y perdón del cristianismo. Además, esa política de “ mano dura” ha demostrado ser un error, pues en vez de prevenir criminalidad, ha propiciado la misma.

El servicio de la Iglesia a los marginados, los pobres y la juventud es apremiante. La integración de estos sectores en la dinámica de la fe es la opción más revolucionaria que existe. La conversión de Zaqueo frente a Jesús produce un cambio que le lleva a la restitución voluntaria y gozosa de lo hurtado y a remisión de la pena o condenación social.(Lucas, 19:12). El perdón a la mujer adultera, regenera su vida y a convierte en una mujer cumplidora de la ley (Juan 8:7-11).

Ya las distintas denominaciones religiosas tienen a su haber proyectos de revitalización de comunidades, programas de prevención de delincuencia, de rehabilitación de adictos y de atención a mujeres y niños maltratados, viejos, enfermos de SIDA y deambulantes; e incluso se han pronunciado en defensa de los derechos civiles. La función preventiva en la familia y la niñez, la formación de un carácter compasivo y piadoso, el fomentar el perdón y medios de interrelaciones pacíficas y de tolerancia, el respeto a Dios y al ser humano, son entre muchos otros los elementos tan necesarios que la Iglesia debe proveer a la población en crisis. Ante todo, el mensaje cristiano, es un mensaje de respecto al ser humano, de tolerancia a las diferencias, y de reforma social.

La transformación más grande que ha logrado la humanidad la llevó a cabo Jesús con su vida. Es el amor al prójimo, el perdón, el arrepentimiento, la restauración, la honestidad y el respeto a la dignidad humana lo que permitiría tener una transformación exitosa de nuestras comunidades, de nuestras familias, de las escuelas, de la iglesia y comunidad religiosa, y de la política, dirigida a prevenir criminalidad en los próximos años y a detener la violencia cotidiana.

Por varios años como miembro de la Fundación Milton Eisenhower con sede en Washington, D.C., nos hemos dedicado a implantar y replicar programas que, según demuestran sus evaluaciones, funcionan en prevenir criminalidad y en hacer las ciudades lugares más seguros. En Puerto Rico hemos tenido  magníficos ejemplos de programas de prevención del crimen en los Centros Sister Isolina Ferré, el Koban de Caimito,  y en Jóvenes en Riesgo, inc.

En la tabla que sigue presento lo que podría ser la base de una estrategia a nivel nacional para prevenir el crimen y hacer de Puerto Rico un mejor lugar para vivir.  La misma es una invitación a las organizaciones de base comunitaria y al gobierno, para que uniendo esfuerzos atendamos lo que es uno de los problemas fundamentales de este páis.

Milton S. Eisenhower Foundation- Modelos Probados de Prevención del Crimen

Puerto Rico debe estar alerta.  Primero se aprueba una ley que le da carta blanca al gobierno para despedir empleados públicos, sin tomar en consideración el principio del mérito ni los convenios colectivos vigentes y como resultado se despiden 19,000 empleados públicos; luego se les llama “terroristas” a los que levantan su voz contra el gobierno por convocar a un paro nacional en protesta de los despidos; un ciudadano que se hace llamar “tipo común” lanza un huevo contra el Gobernador, con clara intención de no golpearlo sino de expresar su “frustración” ante los despidos y se le llama “terrorista”; la fuerza de choque irrumpe en una escuela en Canóvanas contra estudiantes que tiraron huevos porque les impidieron el acceso a una actividad del Gobernador; se cierra la Universidad durante una semana previo al paro nacional; luego se aprueba la derogación de la colegiación compulsoria de los abogados, mientras el Tribunal Supremo, en votación mayoritaria de los Jueces de ideología Novoprogresista le concede un derecho adquirido a los ex-gobernadores a tener escoltas, que le cuestan al pueblo 4 millones anuales, en una situación de precariedad fiscal para el país.

Todos estos y otros más son ejemplos del ejercicio del poder político y gubernamental para lograr sus objetivos. Con esos actos de violecia institucionalizada no se lograrán los objetivos legítimos de atender la situación fiscal precaria del país y lograr la estabilidad económica y social. El efecto será incentivar la violencia cotidiana que por décadas vivimos los puertorriquenos. Ya no sólo es la violencia asociada al narcotráfico, sino también la asociada a las instituciones de poder, que llevan al ciudadano contra la pared cuando se les limitan sus derechos civiles, su libertad de expresarse, su derecho a un empleo, su derecho a una salud adecuada, su derecho a protestar y a aspirar a un Puerto Rico respetuoso de la diversidad y la disidencia y calidad de vida para todos.

Por eso yo también iré al Paro Nacional mañana 15 de octubre al mediodia en Plaza las Américas.

El texto de la orden emitida por el Departamento de Educación lee parcialmente: “Efectivo de inmediato, queda terminantemente prohibido el uso de los siguientes textos: Antología personal de José Luis González, El entierro de Cortijo de Edgardo Rodríguez Juliá, Mejor te lo cuento: Antología personal de Juan Antonio Ramos, Reunión de espejos de José Luis Vega, Aura de Carlos Fuentes,”

La censura, aparte de coartar el libre flujo de las ideas y la libertad de expresión atesorada en nuestra Constitución, constituye un acto de violencia de parte del Ejecutivo hacia unos estudiantes que tienen el derecho a recibir una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales. El acto de censurar es de por sí un atentado a la libertad de pensamiento y expresión, típico de sociedades intolerantes y totalitarias.

La censura no debe tener espacio en el sistema educativo. Una de las metas del sistema escolar debe ser que el estudiante internalice actitudes de tolerancia y respeto ante la diversidad y las personas que tienen ideas discrepantes. Este es uno de los primeros pasos para prevenir la violencia.

Los libros censurados se leían en grado undécimo. Se trata de obras reconocidas en Puerto Rico y en el extranjero por su calidad literaria. Un estudiante de Escuela Superior debe tener desarrolladas las destrezas de pensamiento crítico y análisis lógico necesarias para analizar esos libros.

El mandato de filosofía educativa—educación que propenda al pleno desarrollo de us personalidad y al fortalecimiento de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales– incluido en nuestra Carta de Derechos, hace necesario desarrollar en el joven el hábito de evaluar críticamente lo que lee, analizar el contexto socio-político y económico del país, aprender de la historia, conocer su cultura, y tener una conciencia ética que le facilite comprometerse personal y activamente con la sociedad. En esa medida su personalidad se fortalecerá y “reconocerá los derechos humanos y libertades fundamentales”en su diario vivir.

El Código de 2004 adoptó el “thruth in sentencing”; esto significa que se cumplirá la pena que el juez imponga. Además, La Ley 315 de 23 de septiembre de 2004 enmendó la Ley Orgánica de la Administración de Corrección para prohibir las bonificaciones automáticas y los desvíos a que estaban sujetas las sentencias por delitos en el Código derogado y en todas las leyes penales especiales antes de entrar en vigor el nuevo Código

Un estudio llevado a cabo por la Oficina de Servicios Legislativos evidenció lo que se llamó “la burla de la mano dura”.  La pena promedio impuesta para una persona convicta de asesinato en segundo grado bajo el Código de 1974 derogado fue de 21 años, pero terminó de cumplirla en 8 años, 5 meses y 12 días. Es decir, su sentencia tuvo una reducción de 12 años, 6 meses debido a bonificaciones, en su mayoría automáticas.[1] En cambio, entre las personas convictas de asesinato en segundo grado que se acogieron a un programa de desvío o liberación temprana, el promedio de su sentencia fue de 28 años (esto correspondía a un asesinato en segundo grado con agravantes) pero ya a los 5.9 años estaba en la comunidad.[2] El Código de 2004 terminó con esta rebaja desproporcionada, ya que la sentencia impuesta será la que se cumplirá y las bonificaciones por trabajo, educación y servicios meritorios se limitan a 1 día por mes y no son automáticas. A cinco años de la vigencia del Código de 2004 las personas convictas de delitos graves están cumpliendo penas más altas que antes de la reforma y este dato se puede verificar empíricamente. En cuanto al asesinato en primer grado, la pena siempre ha sido prisión perpetua.

Estudios hechos en el pasado (1974-1987) demostraron que el número de personas que cometían un nuevo delito mientras gozaban de libertad bajo fianza era mínimo y dentro del margen de tolerancia del sistema de justicia criminal.  Antes de legislar es necesario actualizar esos estudios para determinar si hoy hay base empírica que justifique limitar la fianza. Hace unos años no se justificaba empíricamente limitarla, porque no tendría impacto en reducir la criminalidad. Tampoco se avaló por el pueblo en 1994 una propuesta de enmienda a la Constitución para restringir el derecho a fianza.

Estamos ante una sociedad profundamente dividida y confundida en sus objetivos. Toleramos una tasa de desempleo alta y compensamos el ocio en ocasiones mejor que el trabajo. Estamos ante una sociedad atacada por el germen de la politización, donde la clase media y el pobre reciben la peor parte, mientras semanalmente el gobierno despide cientos de empleados públicos. Nuestros vecindarios y comunidades están ocupadas por el crimen organizado, los asesinatos no se detienen y la corrupción nos envuelve. Es en este ambiente en que estamos criando y educando a nuestros niños y jóvenes. Atender la criminalidad que sacude nuestra convivencia social es un asunto complejo que requiere de una agenda ciudadana, social, y política a largo plazo. No hacerlo es continuar propiciando que el crimen se convierta en un riesgo fundamental del Puerto Rico de hoy, al que todos estamos expuestos sin buscarlo ni esperarlo. Pensar en que el problema del crimen le corresponde resolverlo a la policía, legislar penas más altas y elimnar derechos civiles es continuar dando “palos a ciegas”.

El 8 de noviembre de 2009 inicié este blog con unas expresiones tituladas Agenda para un Puerto Rico Seguro. En ella indiqué varias recomendaciones para una agenda de política pública para atender la criminalidad en Puerto Rico. Hoy comienzo una serie de escritos en esta página con recomendaciones concretas de cómo implantar en Puerto Rico programas que se ha probado mediante evaluaciones científicas que funcionan en prevenir la criminalidad. El costo económico es mínimo si se compara con el ahorro en criminalidad y problemas sociales que resuelve.  El programa que hoy describo atiende dos de las recomendaciones de acción política y ciudadana que incluí en la Agenda para un Puerto Rico Seguro:

• Propiciar la seguridad de nuestros niños y jóvenes mientras crecen y se equipan de las destrezas y cualidades para ejercer una adultez responsable.
• Crear espacios de oportunidades o lugares seguros donde los niños y jóvenes acudan al salir de la escuela.

El asesinato de este bebé hubiera podido haberse evitado si la madre adolescente hubiera sabido que la ley le permite entregarlo en una institución pública o privada para el cuidado de menores. No sólo podía entregarlo, si es que no podía o deseaba criarlo, sino que los funcionarios de la institución estaban impedidos de requerir información sobre los progenitores, a menos que el menor demostrara físicamente signos de maltrato. Véase, Art. 133 (exclusión al delito de abandono de un menor) del Código Penal. En ese caso, la ley dispone que la patria potestad del bebé le corresponde al Estado y la custodia a la institución que le dio acogida, hasta que el Departamento de la Familia disponga otra cosa. Ese bebé estaría disponible para ser adoptado por una personas que puedan darle todo el amor y la atención que requiere un/una hijo/a.

Exhorto al Departamento de la Familia, a las instituciones de acogida de menores y a las organizaciones comunitarias que atienden jóvenes, que informen al público sobre las opciones de entrega de un menor que no se desea, para que pueda ser adoptado por una familia. Extiendo la exhortación a los periódicos, escuelas y organizaciones de base de fe para que eduquen sobre las opciones disponibles en ley cuando no se desea un hijo/a; de manera que, no se le prive de su vida.

Las lágrimas que está virtiendo la adolescente, ante un acto de desespero, ignorancia e incapacidad ante lo que ha sido el asesinato de su bebé, pudieron haberse convertido en uno de los actos de mayor amor, entregar a su criatura a otras personas que deseen y puedan asumir la responsabilidad de criarlacon amor. Eduquemos y apoyemos a quienes entregan a los hijo/as no queridos a aquellos que están decididos a amarlos hasta la eternidad.

Como si fuera un rompecabezas que poco a poco vamos asimilando, la cara detrás de la foto se va develando. “Habla la fotoperiodista: Ante mis ojos no es un número más”. Nos explica que Elida tenía su misma edad, treinta años, y que su rostro “de agonía y desesperación…es todo lo que ha podido pensar en las últimas 24 horas”. Estoy segura que a muchos de nosotros nos estremeció la foto y también ha ocupado nuestra conciencia, a pesar de que no vimos ese rostro. La hermana de Elida, trató de evitarlo, pero llegó tarde.  En “Fue una muerte que se pudo haber evitado”, relata que había salido a encontrarse con ella pues por teléfono le dijo que había tenido una discusión con su compañero. El que Élida haya salido descalza y semi vestida a la calle, huyendo de su agresor, nos da una idea de la magnitud de la violencia.

La presencia de los policías en la foto es otra manera de ilustrarnos que el asunto de la violencia no lo van a resolver los policías. Es un asunto que nos compete a todos. Todos somos en parte responsables de la muerte de Elida, quien además, pudo ser cualquiera de nosotros o de nuestros seres amados, quizás no como víctima de violencia doméstica, pero sí víctima de cada otra de las máscaras de la violencia: el maltrato de menores, el maltrato a los viejos, los asesinatos relacionados con el narcotráfico, la violencia cotidiana y los suicidios. Como ciudadanos tenemos que propiciar resolver nuestros conflictos sin violencia, comenzando con nuestros hijos, en nuestra familia y en nuestras comunidades.

En mi calidad de estudiosa del fenómeno de la criminalidad en Puerto Rico felicito a Primera Hora, a la fotoperiodista Teresa Canino y a los directores que tomaron la decisión de publicar la foto y de posteriormente ir develando el rostro de la violencia que cegó prematuramente la vida de Élida.  Confío que esa foto pueda concienciar a todos en nuestro pais sobre la violencia que nos rodea y evitar muchas otras muertes.  La muerte de Élida, no puede ser un número más, sino que es un llamado a que este pueblo despierte y detengamos los muchos rostros de la violencia.